Educación

El estado debe garantizar a todos una educación libre de adoctrinamiento e ideologías. La familia es la primera y principal educadora de sus hijos. Cuando los padres eligen una escuela, esperan que sus hijos reciban una educación de acuerdo con sus convicciones y con el ideario que han elegido, ser fieles a ese ideario es un deber de la escuela para con la familia.

La libertad de cátedra, también conocida como libertad académica, es el derecho de los docentes a expresar sus ideas y convicciones libremente en el ejercicio de su función docente, dentro de los límites establecidos por la normativa y los programas de estudio.

El principio de subsidiariedad, establece que las estructuras superiores deben intervenir solo cuando las instancias menores no puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Promueve la autonomía y responsabilidad de personas, familias y comunidades intermedias, evitando el asistencialismo y la concentración del poder.

El Estado respecto de la familia tiene una función subsidiaria, los padres al elegir instituciones con un ideario determinado, están ejerciendo el derecho constitucional que tienen a orientar la educación de sus hijos del modo que ellos crean conveniente de acuerdo con sus convicciones y con su fe. El Estado no puede por ley o a través de la implementación de políticas públicas, desconocer ni neutralizar este derecho, que forma parte de la libertad de enseñanza consagrada por nuestro orden constitucional. Cualquier intromisión que imponga contenidos contrarios a las convicciones familiares vulnera no solo el derecho de los padres y de los propios niños, sino también el de los educadores. Estos últimos, en su rol institucional, también deben poder actuar en coherencia con sus convicciones. Obligar a un docente a enseñar contenidos contrarios a su fe o creencias constituye una grave violación a los derechos humanos fundamentales.

El ideario institucional educativo define la identidad, orientación y propósito de una institución, expresando los principios, valores y objetivos que guían su propuesta pedagógica. Incluye no solo el desarrollo de habilidades y conocimientos, sino también la formación integral del estudiante en aspectos éticos, culturales y espirituales. Su cumplimiento asegura la coherencia entre la propuesta educativa y las convicciones de las familias que libremente la eligen.

La educación sexual integral, sus fundamentos y contenidos, deben adaptarse al ideario institucional y a las convicciones de esa comunidad. Siendo Argentina un país federal la educación sexual integral debe respetar las tradiciones y decisiones de cada provincia. 

La educación sexual integral comprende aspectos biológicos, psicológicos, rituales, éticos, sociales y morales, por este motivo su orientación es una prerrogativa exclusiva de los padres. El estado no puede, por ley, imponer una determinada concepción de la persona y de su sexualidad. Esto es contrario a nuestra constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos a los que nuestro país está comprometido.

Se trata de un derecho del que gozan todos los docentes en todos los ámbitos educativos, que se vincula con la autoridad sobre el contenido que imparte y que se expresa en tres principios fundamentales:

Libertad de expresión: El docente puede enseñar la materia que le corresponde con sus propias opiniones y perspectivas, sin que sean presionadas o influenciadas por terceros.

Búsqueda del conocimiento: La libertad de cátedra permite que los profesores puedan investigar y enseñar sin la interferencia de fuerzas externas, fomentando la búsqueda desinteresada de la verdad.

Respeto a la autonomía del profesor: El docente tiene la libertad de elegir los métodos y materiales de enseñanza que considere más adecuados para la transmisión de su materia, siempre dentro de los límites establecidos acorde al ideario institucional.