El aborto es un delito, no un servicio esencial

En el día de ayer el Dr. Juan Carlos Escobar, Coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia, en conferencia de prensa brindada en el Ministerio de Salud de la Nación, señaló que si bien la recomendación es suspender los controles de rutina para no sobrecargar el sistema sanitario durante la pandemia, con relación al acceso a la interrupción legal del embarazo —que según el funcionario para la Organización Mundial de la Salud es un “servicio esencial”— desde el Ministerio “están trabajando fuertemente con las provincias para generar y garantizar esta prestación” (sic).

Desde PRODECI repudiamos los dichos del Dr. Juan Carlos Escobar y no cejaremos en señalar que el aborto, lejos de ser una práctica médica saludable, es un delito que atenta contra el derecho más esencial como es el de la vida.

El mismo gobierno que se encuentra enfrentando una pandemia mundial y exige a través del DNU 297/20 la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a fin de no colapsar el insuficiente sistema de salud, es el que pretende fomentar prácticas inconstitucionales letales para la vida naciente y riesgosas para la salud de las mujeres, como el aborto. Resulta un contrasentido que el Estado no pueda dotar a los centros de salud de los insumos básicos necesarios para evitar el contagio del coronavirus, y al mismo tiempo invite a las mujeres a que se “acerquen” a interrumpir sus embarazos por considerarlo un servicio esencial.

Cabe recordar que PRODECI en fecha 18/12/19 solicitó la nulidad de la Resolución 1/2019 de ese Ministerio por la que se aprobó el mentado protocolo de aborto no punible.

La Resolución impugnada viola derechos constitucionales, carece de causa y está viciada en su objeto. Como se dijera en el reclamo, el Protocolo tergiversa el Código Penal en la causal “salud”. Asimismo, dada la nulidad absoluta del acto cuestionado, se pidió la suspensión de sus efectos hasta que se resuelva el planteo iniciado.

Fundamentalmente, el Protocolo desprecia la vida del niño por nacer y crea riesgos para la salud de las mujeres. En especial, desprotege a las mujeres que atraviesan embarazos en condiciones de vulnerabilidad, y les niega el don de la maternidad, pues les propone el aborto como única alternativa.

Ya es hora que las autoridades nacionales, desde las más altas esferas del Gobierno, propicien y garanticen la vida y la salud de todos los argentinos, de los nacidos y por nacer, como lo establece nuestra Constitución Nacional. Proteger la salud pública constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, porque como dijo el Sr. Presidente “una vida que se pierde no se recupera”. 

Salvemos todas las vidas.

Miguel J. Haslop                             Francisco J. Roggero

    Presidente                                              Secretario